La "ley" catalana de referéndum dice que será el Parlament el que declare la Independencia. Puigdemont no es el Parlamento y ni siquiera él "proclamó" en sentido estricto la independencia y después se limitó a pedir a la Cámara que suspendiera los efectos de la declaración de independencia, pero el Parlament no votó nada. Parece claro que si un parlamento toma una decisión, la toma votando cada uno de sus miembros, ni siquiera el President del Govern, ni la presidencia de la Cámara, apelaron a los diputados a manifestarse, por tanto el Parlament de Catalunya en su sesión del 10 de octubre no tomó decisión alguna de proclamación ni de suspensión.
La "ley" catalana de referéndum es clara al respecto: Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente. La "Ley" no se ha cumplido y además habla de la proclamación de los resultados por la Sindicatura Electoral, cosa que tampoco se ha hecho realidad, ya que dicho órgano de control fue suspendido. El Parlament no proclamó los resultados que ni siquiera fueron expuestos por nadie ni "declaró" la independencia. Dudosamente lo hizo el Presidente del Ejecutivo catalán que se limitó a asumir “el mandato del pueblo de Cataluña”, pero él no puede arrogarse la representación del órgano legislativo. Y sobre todo su llamamiento a que el Parlament suspendiera los efectos de la declaración de Independencia no tuvo eco, ni se ha materializado de manera alguna en la cámara catalana.
De manera que aquí estaría en buena lógica la respuesta que Puigdemont pueda dar al Gobierno de España ante el requerimiento para que diga si se proclamó o no la independencia. La respuesta es claramente no, porque el Parlamento, que es el que debería haberlo aprobado según la lógica legal de los separatistas ("ley" de referendum anulada por el Tribunal Constitucional) ni siquiera ha cumplido su norma.
