A partir de hoy todos los rayos de la tormenta van a ir a parar al Juez Castro que en su auto ve "sobrados indicios" de que la infanta Cristina intervino "lucrándose en su propio beneficio, facilitando los medios para que lo hiciera su marido", a través de una "colaboración silenciosa" en la sociedad Aizoon, de la que ella era socia con Iñaki Urdangarin al 50% del capital.
La reacción de Fiscalía ha sido inmediata. Su titular Pedro Horrach se ha apresurado a actuar; y en un precipitado madrugón ha acudido a la Audiencia de Palma a presentar el recurso. Un recurso que sobrepasa cualquier límite de corrección en la práctica procesal y que incluye perlas, o más bien lanzas de este calibre sobre el auto del juez Castro: "un juicio de valor basado en meras conjeturas: Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio".
De aquí a acusar al magistrado de prevaricación hay solo un paso.
Pero como sostienen fuentes habitualmente bien informadas como la Agencia EFE y ABC, la Fiscalía Anticorrupción, la defensa de la Infanta -en manos de un abogado con ventaja, como Miquel Roca i Junyent- y probablemente también la Abogacía del Estado recurrirán el auto ante la Audiencia de Palma. Pero además, como la acusación pública y la particular la van a dejar fuera de su escrito de acusación, en ningún caso sería juzgada por delito fiscal, en aplicación de la doctrina Botín. Cuestión distinta es lo relativo al blanqueo, en el que solo con la acusación popular se la puede llevar a juicio.
Se ha iniciado el camino para exculpar a la Infanta, mientras se repite y se repetirá incansablemente el estribillo, la justicia es igual para todos.
